Pericias son contundentes de que Cuevas se enriqueció ilícitamente, asegura fiscal

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Piñánez estuvo anoche en el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV de 19:00 a 20:00, y detalló las pruebas que tiene el Ministerio Público para pedir que Cuevas afronte juicio oral por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
“Estamos convencidos de nuestra acusación. La Fiscalía realizó un trabajo minucioso. En el expediente están agregados los testimonios, las pericias, y un cúmulo de documentos, que para nosotros como Ministerio Público son irrefutables”, manifestó Piñánez.
El representante de la sociedad hizo referencia al trabajo que hizo el perito, arquitecto Mateo Nakayama. Este, en su informe refirió que Cuevas, en el 2011, adquirió un inmueble en Sapucai, por G. 13.200.000 y que este terreno los transfirió a su hijo Enzo Cuevas en el 2014, año a partir del cual
se introdujeron importantes mejoras por más de G. 1.609 millones en la propiedad.
“Esta pericia demuestra en forma contundente de la inversión millonaria que se hizo en esta propiedad, que el acusado no puede justificar de donde sacó la plata para ello”, agregó.
Agregó que Enzo Cuevas tampoco puede justificar de donde sacó la plata, atendiendo que no tuvo ningún ingreso, de acuerdo a lo demostrado con informes de Tributación que señaló que no el hijo del parlamentario no declaró ninguna actividad, ni pagó nada en concepto de IVA; tampoco tenía salario como funcionario.
“Es por eso que Enzo fue incluido en el proceso, en carácter de cómplice, porque es a través de él que su padre quiso ocultar su enriquecimiento ilícito”, enfatizó.
Cuando se le consultó si es cierto que no sabe hacer preguntas, como sostuvo el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos, para desacreditar las pericias y los testimonios, respondió que eso siempre hace la defensa cuando no tiene argumento a rebatir el trabajo que hace el Ministerio Público. “Estamos tranquilos”, añadió.
El legislador acusado también compró otros inmuebles por millonarias sumas. (Ver infografía de la página).
Testigos
Para justificar su patrimonio, Cuevas refirió que obtuvo prestamos del Banco Familiar la suma de guaraníes 440.811.350, del Fondo Ganadero la suma de guaraníes 135.000.000 y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo la suma de G. 200.000.000.
También presentó pagarés, para supuestamente demostrar que particulares le prestaron mucho dinero.
Por tal motivo, el Ministerio Publico convocó a las personas cuyos nombres constan en los pagarés. Es así que en el caso de Manuel Jara Rolan, conforme documentos presentados por la defensa prestó la suma de G. 300.000.000. Sin embargo, el testigo dijo que desconocía los pagarés y que nunca prestó dinero a Cuevas.
Inocencio Cuevas, abogado, manifestó que le prestó G. 165.000.000 al parlamentario y que ya cobró el capital, pero no los intereses.
Juan Delgado Mereles, le reclamó a Cuevas pagarés por G. 625.000.000. Dijo a la Fiscalía que compró de dos personas cuyos nombres no se acordaba, aunque terminó diciendo que él le prestó dicho monto a legislador.
La fiscalía solicitó informes a Tributación sobre cada una de estas dos personas que dijeron prestarle dinero a Cuevas. La SET le dijo al Ministerio Público que tanto Delgado Mereles como Inocencio Cuevas, no tienen mucho en declaración de IVA. En consecuencia, la fiscalía concluyó que ambos testigos propuestos por el propio Cuevas, no tienen la capacidad económico para haberle prestado la millonaria suma al legislador colorado.
En tres ocasiones ya se intentó llevar adelante la audiencia preliminar. En las dos primeras ocasiones se suspendió la diligencia a pedido de la defensa.
El viernes pasado, el juez Mirko Valinoti, suspendió la preliminar por “sobrecarga de trabajo”. El juez de la causa es Yoan Paul López, a quien le interinó su colega.
Cobro indebido de la esposa
Nancy Florentín, esposa de Miguel Cuevas, tiene que afrontar audiencia preliminar. La misma fue acusada por cobro indebido de honorarios, como bibliotecaria en una escuela de Paraguarí, en la que no asistió dos meses. Esto sostiene la fiscalía en su acusación y resaltó que Nancy cobró en forma irregular más de G. 9 millones. Está probado que la misma recorría centros comerciales de Asunción, cuando tendría que estar en la escuela.

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