Jefa de oficina regional de Senatur denuncia desvinculación arbitraria

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La afectada es Susana Patricia Benítez, quien afirmó a ABC que en la gestión de la ministra de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Sofía Montiel, la desvinculan de la institución de forma “injustificada y arbitraria”. Aseguró que se desempeñaba como jefa de la oficina regional de Guairá tras ganar un concurso público de méritos.
“En agosto del año pasado, por resolución me degradaron a una categoría inferior, que es el de informador turístico y en abril, sin previo sumario, se me notifica la desvinculación”, relató. Agregó que la máxima autoridad puede disponer de los cargos de confianza, pero no se le designó en un puesto de misma categoría, pese a que cuenta con perfil técnico. Dijo que es licenciada en Gestión de Hospitalidad, con énfasis en Hoteles y Turismo y es docente de esta carrera en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Indicó que no hubo cuestionamientos por falta de resultados ni sumario que evidencie alguna irregularidad para tal drástica decisión. A su criterio, se trata de un caso en que se prioriza el “amiguismo” por sobre la profesionalización turística.
Consultado al respecto, el director jurídico de la Senatur, Rubén Samaniego, respondió que se trata de una funcionaria contratada y que el contrato feneció, además de que en la institución no existe documento de que ella haya accedido al cargo por concurso público de oposición.
En cuanto a la renovación constante de su vínculo con el Estado, mencionó que eso no representa una estabilidad hasta tanto sea nombrada, lo cual tampoco se aplica a su caso. “La institución obró en base a la documentación disponible y se ajusta a derecho”, aseguró.
Comentó que la medida obedece a un ajuste del personal, puesto que como consecuencia de la pandemia y las restricciones impuestas para evitar contagios del coronavirus, cayó la recaudación en un 80%. “La Senatur necesita menor cantidad de trabajadores debido a la pandemia y falta de recursos, puesto que su fuente de ingresos son las tasas aeroportuarias, se tienen que achicar los gastos”, argumentó.
Agregó que la afectada recurrió a las instancia judicial y serán las autoridades de esa instancia las que estarán resolviendo lo que consideren pertinente.

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