Hay peligro de extinción masiva de casos penales y responsabilidad es de la Corte

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En la plenaria del miércoles pasado, Jiménez Rolón señaló su preocupación porque en la circunscripción judicial de Central, que está a su cargo, hay un “gran congestionamiento”. Dijo que se están fijando fechas de juicios orales para el 2023 y que ahora se van hacer para el 2024. “Todo esto implica el riesgo de la extinción de muchas causas, lo cual puede resultar catastrófico”, enfatizó el magistrado.
Explicó que hay un circuito que recorren las causas; del juzgado de garantías pasan a una oficina de coordinación y seguimiento de expedientes para el tratamiento en los tribunales de sentencia y finalmente se remiten a ejecución.
Jiménez Rolón culpó a un instructivo que se aprobó, pero aclaró que ya fue en la época anterior, o sea, antes de que el asuma como superintendente de Central. “Solo obstaculiza los trámites de los expedientes”, refirió el ministro como una manera de lavarse las manos, ante la crítica situación que se presenta y el resultado catastrófico que se puede dar.
Refirió que la propuesta de solución ya entregó a la presidencia de la Corte y algunos colegas suyos.
“Es sumamente preocupante. Pongo a consideración de los ministros y ministras, porque es un tema que tenemos que solucionar cuanto antes, porque se corre el riesgo de la extinción en cadena, extinción masiva, lo cual no podemos permitir”, manifestó.
Jiménez Rolón pidió que se incluya en la sesión de esta semana el tratamiento del tema, para que los integrantes de la Sala Penal aporten sus consideraciones para adoptar medidas idóneas. “Reitero, es muy grave y espero que se solucione cuanto antes”, agregó.
El ministro Antonio Fretes intervino brevemente y habló de la depuración de causas como posible salida.
Regla invertida
La doctora Carolina Llanes, ministra de la Sala Penal, dijo que desde la Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal se está trabajando en un plan integral para descongestión de los juzgados de garantías y evitar que el 100 por ciento de los procesos que ingresan al sistema penal necesariamente tenga que terminar en un juicio oral. “Ese es el gran desafío que tenemos. Se ha invertido la regla. Dentro del sistema penal se prevé que el Ministerio Público ejerza la acción en los hechos punibles que ameritan ese ejercicio y que deje de hacer o lo haga con intenciones resarcitorias del daño a la víctima y a la sociedad en todos los demás hechos. Eso es lo que no está funcionando…”, expresó.
Jiménez Rolón agregó que tiene conocimiento de un caso que llegó a juicio oral por el robo de un cerdo, “que es un hecho bagatelario”.
Para saber más datos sobre el tema y conocer las propuestas del ministro responsable de Central, Jiménez Rolón, el jueves pasado contactamos con el abogado Marcos Guggiari, quien forma parte de su primer anillo. El funcionario respondió con “veo”, pero hasta ayer no tuvimos ninguna respuesta.
Responsabilidad
Ninguno de los ministros puede eludir su responsabilidad en este grave tema y mucho menos el doctor Jiménez Rolón, como superintendente de Central. No puede alegar como excusa un “instructivo anterior”, porque hace más de un año es el encargado de Central y tiene la obligación, al igual que sus demás colegas en sus zonas, saber lo que ocurre en sus circunscripciones.
Los ministros están obligados a velar por una correcta administración de justicia. Los ciudadanos están cansados de escuchar promesas. Cinco nuevos ministros ingresaron a la Corte y se sigue con lo mismo.
Si se da la extinción de los casos en cascada hay que hay sacarlos a todos.
LO QUE ESTABLECE LA LEY
La ley establece un tiempo máximo del proceso. Dice que toda persona tendrá derecho a resolución judicial definitiva en plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. El incumplimiento del plazo legal es lo que está a punto de generar la extinción masiva en Central.
La obligación de la Corte es establecer los mecanismos para garantizar que el plazo de la ley se cumpla, tanto para víctima y como victimario.
La desidia del alto tribunal permitiría que ocurra algo “catastrófico”, como reconoció Jiménez Rolón.
cbenítez@abc.com.py

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