Caso de la quema de Colorado Róga se debate entre lo jurídico y lo político

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Como siempre ocurre en los casos en que de por medio se debaten cuestiones jurídicas que afectan los intereses de políticos, estos no dejan de entrometerse en el ámbito jurisdiccional.
Esto mismo pasa con los hechos vandálicos producidos durante la manifestación de jóvenes contra la corrupción en el Gobierno el 17 de marzo, cuando incendiaron el local Colorado Róga, y se causaron además cuantiosos daños a particulares.
El 19 de marzo los fiscales María Estefanía González y Lorenzo Lezcano imputaron por varios hechos punibles (ver cuadro) a cinco manifestantes y ellos son: Arnaldo Francisco Martínez Benítez (38), Vivian Guadalupe Genes Meza (25), Enrique Agüero Escobar (20), Pedro Manuel Areco Ríos (21) y Luis Miguel Trinidad Paniagua (26).
Martínez y Agüero no se presentaron aún ante la Justicia.
Según la imputación, estos manifestantes se encontraban el 17 de marzo sobre las calles 25 de Mayo y Tacuarí, como parte de un grupo de otras 50 personas, aproximadamente. “Se acercaron al local denominado Colorado Róga, derribaron una chapa que fue puesta en la puerta como refuerzo en el mencionado local ante otros hechos de vandalismo ocurridos, rompieron los vidrios de blíndex de la entrada principal, ingresaron a la sede causando destrozos, rompieron muebles, cuadros y otros objetos. Habrían rociado combustible (posiblemente nafta) y le prendieron fuego al local, provocando un incendio. Según las imágenes del circuito cerrado, videos de fuente abierta y fotogramas realizados por la Policía Nacional y por medio de un análisis técnico identificaron a los hoy procesados.
La imputación asimismo señala que los manifestantes realizaron otros actos violentos en la zona, en la misma fecha y hora, en el microcentro de Asunción, causando destrozos a varios vehículos de particulares entre los que se encontraban dos patrulleras, rompieron vidrios de la Fiscalía de Delitos Económicos, de la Dirección de Migraciones y de locales comerciales como el de Calzados Victoria”, refiere el escrito.
Los fiscales González y Lezcano solicitan al juzgado el plazo de 6 meses para presentar requerimiento conclusivo (acusación u otro pedido), y pidieron además, la prisión preventiva de los cinco imputados.
La jueza Hilda Benítez Vallejo, el 30 de marzo pasado, decretó la prisión preventiva de Vivian Guadalupe Genes Meza, Pedro Areco Ríos y Luis Trinidad Paniagua, a quienes procesó por los hechos de perturbación de la paz pública, producción de riesgos comunes, daño a cosas de interés común, amenaza de hecho punible y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones, integrada con Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor Martínez modificó el viernes la prisión preventiva dispuesta por la jueza Benítez, y ordenó el arresto domiciliario de Areco y Trinidad. Falta resolver la apelación de Vivian Genes. “No se debe perder de vista el fin y el fundamento de las medidas cautelares, que son las de asegurar el sometimiento de los procesados al procedimiento, evitando que las mismas se constituyan en una pena anticipada”, señaló la resolución de la Cámara.
En tanto que en el caso del policía escopetero, el suboficial Juan Romero, quien habría disparado contra manifestantes, aún no hay definición.

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