“Aumentazo” violó la ley, ratifica senadora

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Arrúa indicó que la ley 1626, de la Función Pública, establece de manera precisa el procedimiento para conceder aumentos a los funcionarios y lo que hicieron las autoridades del Senado es pasar por encima de él.
Indicó que, en vez del concurso público de oposición establecido, se metió el aumento en el presupuesto general de gastos de la Nación, lo cual es incorrecto y se concedieron los aumentos salariales de manera arbitraria (por decisión unilateral del titular del Congreso Óscar Salomón, de Colorado Añetete).
Apuntó que reducir el aumento concedido, estableciendo un tope (de G. 5.400.000), como se hizo en la sesión del pasado jueves, conceptualmente no cambia nada, sigue siendo fuera de la ley. Señaló además que lo que ahora se hizo es darle aumentos a algunos funcionarios y a otros no, tal como ya se había hecho en el anterior presupuesto general de gastos.
Destacó que lo grave es que no se pueden dar aumentos de la manera en la que se hizo, estableciendo diferenciaciones y sin respetar ningún procedimiento.
Respecto al argumento de que algunos funcionarios percibían menos del salario mínimo, contestó que eso era otra cuestión que se podía plantear y analizar de manera separada y no como parte de un reajuste que beneficiaba a algunos en particular. Agregó que por ese motivo su bancada se ratificó en el proyecto original, que planteaba dejar de lado todos los aumentos y que los salarios vuelvan al nivel que tenían en diciembre del año pasado.
En cuanto a que con lo aprobado se redujo en más de G. 8.000 millones los aumentos originales, manifestó que de todas maneras se violaba el procedimiento establecido en la ley. Recordó que cuando se estudió el presupuesto general, su bancada, al advertir que se estaban dando aumentos en forma irregular, planteó una reconsideración, pero solamente seis senadores votaron para que así sea, con lo cual quedó rechazado.
Agregó que posiblemente algunos senadores no entendieron de lo que se trataba y por eso no acompañaron, ya que posteriormente si votaron por eliminar los aumentos. Sobre lo manifestado por el senador Fernando Silva Facetti (PLRA) de que los funcionarios afectados recurrirán a la Justicia y ganarán la demanda, contestó que no estaba de acuerdo, ya que no se puede hablar de “derecho adquirido” cuando el beneficio concedido se basa en violación de la ley.

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