CGR constata fraccionamiento de adjudicaciones para evitar control

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QUIINDY (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La Junta Municipal denunció que desde el año 2016 se estima que más de G. 500 millones en obras fueron fraccionados por la intendenta Alba Acevedo para evitar remitir los proyectos de inversiones a la Junta Municipal para su estudio y aprobación o rechazo. De esa forma procedía a las contrataciones sin control alguno, dijo el concejal Guillermo Lovera (ANR).
En abril del año 2020 un equipo auditor se constituyó en la Municipalidad y constató que la administración comunal realizó nueve procesos fraccionados, bajo el mismo concepto de llamado y con un mismo proveedor. En casi todas las adjudicaciones se transgrede la Ley de Contrataciones Públicas, señala el dictamen.
El artículo 16 de la Ley 2051/03 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) señala que queda estrictamente prohibido fraccionar o subdividir el monto de los contratos para concreción de un proyecto con la intención de eludir los tipos de procedimientos establecidos en esta ley, que ya fueron declarados irregulares y nulos por la DNCP, indica el dictamen de la Contraloría.
Lo más llamativo es la contratación del taller mecánico Lago Ypoá, propiedad de Carlos Alberto Méndez Valdez, quien es concuñado de la responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Comuna, Natalia Morán Portillo, y del asesor jurídico de la institución, Richard Peralta.
Con anterioridad ya se había adjudicado por más de 155 millones la reparación de camión volquete, equipos viales, motoniveladora y otros de la institución comunal. La DNCP había anulado la contratación directa luego de declarar irregular el llamado y adjudicación por existir parentesco entre el proveedor, la responsable de UOC y el asesor jurídico de la Municipalidad.
Existe también una adjudicación a la empresa BH Services SRL, de Andrés Arrúa Brítez (compadre del exintendente de Quyquyhó y actual diputado Esteban Martín Samaniego (ANR), por más de G. 153 millones. Debió beneficiar a 300 productores, pero figuran solo 260 beneficiarios.
Otro caso
Asimismo, la DNCP, por Resolución Nº 565/18, también declaró irregular el fraccionamiento para adquisición de sillas y mesas con pupitres para diferentes instituciones por un valor de G. 240 millones. Favoreció a Systems, propiedad de José María Enciso Vega.
Pese a que la DNCP declaró irregular y nulos algunos llamados, la intendenta Alba Acevedo (ANR) seguía operando de la misma manera, señala el dictamen del ente contralor.
La Municipalidad procedió en reiteradas ocasiones a adjudicar, notificar y contratar en una misma fecha al proveedor o empresa, señala el informe de la CGR.
La Municipalidad, en un plazo de diez días, deberá remitir las documentaciones del proceso de adjudicación de proyectos y servicios, además de explicar el motivo de fraccionamiento para las adjudicaciones directas.
No entregó papeles
El ente contralor señala que la Municipalidad no ha remitido la totalidad de las documentaciones requeridas que hacen al proceso de verificación realizado por la CGR, lo que dificultó el análisis y cierre del circuito de control. Esta situación constituye un incumplimiento de la Ley 276/94, indica.
En ninguno de los casos la Municipalidad realizó una evaluación técnica y económica de las ofertas y contratos, afirma el reporte de la CGR.

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