EE.UU. revela impunidad judicial debido a la politización y corrupción

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En el 45º Informe Anual con reportes de 198 países sobre los DD.HH. y libertades fundamentales, presentado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el capítulo dedicado al Paraguay expone graves situaciones que afectan a nuestro sistema judicial y político.
En el ítem sobre: “Procedimientos de Juicio” el informe dice que la Constitución establece el derecho a un juicio público con las debidas garantías del Poder Judicial. Sin embargo, señala que los abogados defensores “manipulaban regularmente el proceso judicial para alcanzar el plazo de prescripción antes de que concluyeran los juicios”.
Agrega que las tácticas de defensa para destituir o suspender a jueces y fiscales exacerban el largo proceso de juicio. Y concluye de manera categórica: “La impunidad era común debido a la politización y la corrupción dentro del Poder Judicial”.
También señala que si bien los acusados disfrutan de una presunción de inocencia y tienen derecho a recibir información de inmediato sobre los cargos que enfrentan, algunos de ellos recibieron notificación solo cuando enfrentaron órdenes de arresto o confiscación de sus bienes. Igualmente apunta que los acusados tienen derecho a un juicio sin demoras indebidas, pero que menudo, los juicios fueron prolongados.
En el apartado “Denegación de juicio público justo”, dice que la Constitución prevé un Poder Judicial independiente. Sin embargo, los tribunales eran ineficientes y sujetos a corrupción e influencia externa y “alegaron que algunos jueces y fiscales solicitaron o recibieron sobornos para retirar o modificar los cargos contra los acusados”.
También indica que “la influencia externa indebida a menudo comprometía la independencia del Poder Judicial”. Agrega que “las partes interesadas, incluidos los políticos, intentaron habitualmente influir en las investigaciones y presionar a los jueces y fiscales”. Asimismo, dice que los procesos de revisión disciplinaria y de selección judicial a menudo se politizaron.
Señala que la ley requiere asignar puestos específicos en la junta (Consejo y Jurado) a los congresistas, quienes supuestamente fueron la mayor fuente de presión e influencia corruptas.
Varios casos emblemáticos
Si bien el informe del Departamento de Estado de los EE.UU. de América no da nombres sobre los casos de grosera manipulación de la Justicia, es evidente alusión a los casos de políticos que se encuentran con procesos judiciales. Entre ellos los más resaltantes son los que afectan a los exsenadores colorados Óscar González Daher, Víctor Bogado y Javier Zacarías Irún o los diputados Tomás Rivas, Ulises Quintana y Miguel Cuevas, por citar algunos de los que recurren a chicanas e influencias para evitar justicia.

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