Colorados enterrarán ley de control a gastos sociales en campaña electoral

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Diputados cartistas y abdistas abroquelados pretenden con su mayoría aplastante de 43 votos aceptar el veto del Ejecutivo a la ley que control a los gastos sociales y enterrar la norma, a tres meses de las elecciones internas simultáneas, prevista el 20 de junio.
Los colorados aguardaron los últimos días del plazo antes de que tenga sanción automática el veto del Ejecutivo a la ley que incluye los gastos sociales al PGN para incluir en entre los puntos del orden del día.
La oposición inició una campaña ciudadana a través redes sociales identificada como: #DiputadosRechacenElVeto que buscaba levantar el veto del Ejecutivo.
Si la oposición se mantiene unida reúne 37 votos, pero para levantar la objeción del Ejecutivo requerirá de solo cuatro votos más para que la ley que controla los gastos sociales de las binacionales pueda entrar en vigencia.
Los opositores aseguran que una mayoría prefiere no transparentar el uso de los recursos de las binacionales, porque quiere que siga el despilfarro de los recursos en privilegios salariales y campañas electorales.
Los colorados alegan que una ley no puede estar por encima de un tratado internacional. Sin embargo, para la oposición la ley es constitucional y los acuerdos celebrados con Brasil y Argentina permiten con facilidad realizar maniobras y modificaciones al tratado original.
Solo teniendo en cuenta el dinero que las binacionales destinaron en concepto de gastos sociales se desprende que la Itaipú destinó desde el 2016 al 2020 US$ 447 millones y Yacyretá US$ 53 millones.
La objeción
El presidente objeta la norma con el argumento de que en virtud a los artículos 137 y 141 de la Constitución las disposiciones de los Tratados de Itaipú y Yacyretá se encuentran por encima de las leyes ordinarias por lo cual modificar sus disposiciones a través de leyes ordinarias implicaría transgredir el ordenamiento constitucional de prelación normativa.
También señala que el control de los gastos derivados de los programas socioambientales, debe efectuarse en el marco de lo que disponen los tratados internacionales y no puede ser sometido a la voluntad de una de las partes.
Intención de larga data
En el 2010, Gustavo Codas (+), extitular de Itaipú en la era de Fernando Lugo (FG), acudió al Congreso y sorprendió con sus declaraciones de que por disposición de Lugo “los gastos sociales” de la Itaipú van a figurar en el Presupuesto General de la Nación, es decir, pasarán por el Congreso. El hecho fue calificado como muy positivo; sin embargo, la intención no prosperó y el Gobierno encontró la manera de canalizarlos a través del PTI.

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