CGR se ratifica sobre su hallazgo de daño de G. 90.000 millones en MUVH

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La Contraloría General de la República (CGR) remitió al Ministerio Público más datos sobre anomalías detectadas en la gestión 2019 del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). El director jurídico del ente, Darío Ortega, mencionó que la investigación está a cargo de la fiscala Susy Riquelme.
Se trata de una ratificación sobre el informe final socializado en agosto del año pasado por la CGR. Eso, debido a que se agregaron a la carpeta documentos entregados por el exministro Dany Durand –cuando el caso salió a la luz a fin del año pasado–, en el intento de justificar las observaciones.
Vale decir, los documentos agregados por Durand no levantó el reporte del ente, que según señaló Ortega, revela cuatro puntos principales, que habrían significado un daño patrimonial de G. 90.000 millones.
El primer punto fue que el MUVH no realizó las acciones legales tendientes a cobros de deudas que se tenía con la cartera por sumas millonarias, conforme a un listado de deudas al 31 de diciembre de 2019. “Es decir, del total de la deuda, solo se reclamó un 18,93%, y sobre el restante no se detectaron gestiones hechas”, dijo. El segundo, conforme a ese listado mencionado, se pudo constatar que varias proveedoras de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” recibieron transferencias de montos millonarios, pese a que sus habilitaciones vencieron en el 2019 y no fueron renovadas. En este caso, no correspondía concretarse los pagos, teniendo en cuenta que no cumplía requisitos de la norma interna.
Tercero, con relación al programa Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), se encontraron que varios proyectos fueron rescindidos y otros se detectaron como paralizados, siendo la causa de esa situación en su mayoría por incumplimientos de lo establecido en los contratos. “No obstante, se constató que varios de ellos ya contaban con un 2° desembolso”, comentó, al recalcar que pese a que no cumplían con lo obligado, el exministro Durand pagó a las citadas organizaciones como si las obras estuvieran concluidas.
El cuarto punto tiene relación con las verificaciones in situ de las viviendas sociales. Se tomó como muestra el Asentamiento Carmen Soler de Limpio, proyecto a cargo del SAT Verónica Ojeda. Ortega detalló que el equipo auditor constató el incumplimiento de documentación técnica, recepción de obras que no cumplían las condiciones de calidad establecidas en las especificaciones técnicas. “La recepción definitiva sin la observación de que no se cumplía lo que el Estado había contratado le privó al MUVH la posibilidad de aplicación de multas y de ejecutar pólizas de seguros de fiel cumplimiento de contrato”, explicó el abogado.
Se intentó conocer comentarios referente a esta denuncia planteada, sin embargo Durand no respondió los mensajes ni llamadas.
Ortega indicó que ahora queda a cargo de la Fiscalía evaluar los informes, verificar in situ y confirmar el daño patrimonial estimado.

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